LA NATURALEZA NO ES NI AZUL NI ROJA, ¡ES VERDE!

Aquí no (IU Níjar)

Izquierda Unida- Los Verdes de Níjar (Almería), lanzó en noviembre, vía internet, una campaña de recogida de firmas través de Actuable.

Bajo el título: “El Parque Natural de Cabo de Gata amenazado  por el ladrillo”. Esta acción solicita que se detenga la construcción de 1500 viviendas, 2500 plazas hoteleras y un campo de golf en la entrada al Parque Natural.

Las firmas van dirigidas a Antonio Jesús Rodríguez Segura, alcalde, por el PP, de Níjar.

http://iunijar.blogspot.com/2011/12/el-parque-natural-de-cabo-de-gata.html

Aquí Sí (IU Conil de la Fra.)

La Asociación La Laja, Amigos del Patrimonio Natural y Cultural de Conil y PELP! Asociación para la defensa y protección del Litoral Nacional, han lanzado vía internet una campaña de recogida de firmas a través de Petición Pública.

http://www.peticionpublica.es/PeticaoVer.aspx?pi=laja2011

Bajo el título: “NO a la construcción de hoteles y urbanizaciones en el Cabo de Roche: "Cala del Aceite" y "Pinares y Ribera del río Roche". Esta acción solicita la descalificación de estos terrenos como urbanizables y la protección definitiva de esta zona de alto valor medioambiental y paisajístico. Donde se prevé construir plazas hoteleras y viviendas residenciales.

Las firmas van dirigidas a Antonio Jesús Roldán Muñoz, alcalde por IU de Conil de la Frontera.

A “los Antonio Jesús”, por lo visto, les va el ladrillo independientemente de lo que coman…

Dicho lo dicho y visto y lo visto cabe preguntarse: ¿Se actúa con criterio, sensibilidad y raciocinio, o es una cuestión política? ¿Existe un interés real por preservar el entorno, o es una cuestión política? ¿SÍ al estado natural del Cabo de Gata y NO al del Cabo de Roche? ¿No hay un criterio común en IU con respecto a la política ambiental o ésta se programa, se plantea y se ejecuta si se gobierna o no en un municipio? Una vez más parece quedar claro que la cuestión es ir contra el adversario.

Perplejos NO nos quedamos porque esto no es nuevo. Por desgracia es frecuente observar estas incongruencias. Ya vimos en Vejer la adhesión firme y contundente de IU al proyecto macrohotelero de El Palmar, posicionándose a favor  y chocando con la postura de muchos concejales de IU en Conil que pusieron su firma a disposición de PELP! (Asociación que junto a la Plataforma Salvar el Palmar, luchan contra este despropósito) e incluso del mismísimo Gaspar LLamazares que lo llevó al congreso de diputados. Suponemos que si ahora vamos a Vejer…  en el fondo no deja de ser una patética muestra de incoherencia y una miserable puesta en escena de cinismo.

El herrero, según le convenga, hace uso de la cuchara de palo o de la de hierro… Que IU en Nijar (Almería) promueva una acción de recogida de firmas para que no se construyan hoteles y urbanizaciones en los límites del Parque Natural de Cabo de Gata, nos parece algo más que genial y plausible, y de hecho ya somos muchos los que hemos firmado. Pero ¿Cómo se come que IU en Conil (Cádiz) pretenda hacer lo mismo, no en las inmediaciones, sino in situ, en el Cabo de Roche sobre la Cala del Aceite y en los pinares a lo largo del rió de Roche? Nos dirán que no es un Parque Natural pero ¿y qué? El valor ambiental y paisajístico de la zona se merece el mismo trato y además el Pinar de Roche está declarado LIC (Lugar de Interés Comunitario) por la UE, y el río Roche es hábitat del Fartet atlántico, especie que está en la lista roja de especies protegidas por la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) organismo perteneciente a la ONU.

En las normas subsidiarias todo este suelo, y mucho más, estaba declarado como urbanizable, y en la elaboración del PGOU de 2001 se desafecta una gran parte, pero supuestamente algún tipo de pacto compensatorio conservó esta zona como suelo urbanizable programado. ¡Todo un despropósito!

Nos gustaría que Antonio Jesús Roldán, el de IU de Conil, se pusiera en contacto con IU de Nijar para adoptar criterios comunes con respecto a la política ambiental. Por lo visto IU de Nijar  sigue las directrices que marca el partido, y se acopla y encaja en la ideología que defiende y publicita en programas, manifiestos y campañas. Lo que no vale es ser  un “ecólata” en un pueblo y en otro hacerlo creer. Es tan sencillo como ser o no ser. En realidad es algo más que una cuestión de coherencia, es todo un compromiso con la naturaleza y con nuestro planeta.  Es algo ético. (y no nos vendan otra vez el discurso de los tres millones de metros cuadrados desafectados en el Pinar...)

Nuestro señor Alcalde, Antonio Jesús Roldán, en el pleno de 26 de octubre de 2011 a la pregunta hecha por el colectivo El Zaguán sobre el futuro de la zona cuestionada, respondió que se celebrarían unos comicios en el municipio por considerar que el ciudadano tiene la última palabra, (una forma de reconocer que es Patrimonio común y de interés público y general), ya que el pueblo es soberano y es el que decide. Esta historia no es nueva, ya Pilatos hizo lo mismo…

Estas palabras sirven para que en La Laja nos preguntemos ¿Por qué no celebró un referéndum para ver si la gente quería o no quería construir una edificación nueva y de diseño en el centro del Patio de Almacenes de la Chanca del Siglo XVI? ¿Por qué no celebró otro para ver si la gente era partidaria de la construcción de una urbanización sobre la Cala de la Puntalejo donde se taló casi todo el bosquecillo de coníferas que allí había? ¿Por qué no convocó otro sobre el bosquecillo de la Fontanilla, donde se inauguró el pasado mes de Junio un mastodóntico complejo hotelero talando centenares de árboles? Son tantos los referéndums que se habrían tenido que celebrar según la respuesta dada, que evidentemente no nos convence en absoluto. La respuesta tendría que haber sido un NO al proyecto de urbanización modificando el actual PGOU para descalificar la zona. Aunque se diga que “para atrás ni para coger impulso”, en casos como este recular siempre es dar un gran paso hacia delante.  Una decisión así será digna de reconocimiento de por vida  por el respeto que supone hacia la Naturaleza y hacia el Planeta en general, y además porque tampoco podemos olvidar que debemos ser lo suficientemente responsables como para ofrecer a las generaciones futuras el mismo legado natural que las generaciones pasadas nos dejaron a nosotros.

Así pues quede expresa nuestra petición y exigencia: ¡Por la descalificación de los terrenos del Cabo  de Roche!

JUNTA DE ANDALUCÍA: AMNISTÍA GENERAL A DOS MESES DE LAS ELECCIONES...

 ¿A quién pretende seducir el Pavo?

Ecologistas en Acción ha enviado a los medios una nota de prensa expresando su disconformidad y oposición al Decreto de la Junta de Andalucía que legaliza más de 300.000 viviendas ilegales, señalando además las gravísimas consecuencias que se derivarán de esta ley tan "redentora"...

Ningún partido político y ningún colectivo relevante ha hecho pública su inquietud, excepto EA que considera el Decreto “un escándalo de consecuencias incalculables” y “un aval para el urbanismo salvaje”.

En La Laja apoyamos y hacemos como nuestras sus palabras. Tan sólo  podemos añadir que ya podrían sacar un “Decreto” por el que las amnistías o indultos generales no se dieran en años de elecciones, porque cuando el pavo abre la cola enseña algo más que su plumaje…

Leed la nota que es clara y contundente:

	Nota de Prensa 11-01-12	e-mail: andalucia@ecologistasenaccion.org www.ecologistasenaccion-andalucia.org

                                                                                                        

La amnistía a 300.000 viviendas ilegales en Andalucía es un escándalo de consecuencias incalculables

El decreto es un aval para el urbanismo salvaje

            Ecologistas en Acción considera que el Decreto de regularización de viviendas ilegales en Suelo No Urbanizable (SNU) es un fiasco que tendrá gravísimas consecuencias legales, territoriales, ambientales, sociales y económicos, y atenta contra el interés general de los ciudadanos.

Cuando en julio del año pasado la Consejería de Obras Públicas y Vivienda (COPV)  sometió a consultas este decreto, Ecologistas en Acción remitió una serie de propuestas para eliminar el principal atractivo de la construcción en el campo: la especulación inmobiliaria, ya que para muchos esta inversión representa enormes plusvalías en el negocio de la compra-venta de suelos y viviendas. La COPV no contestó a nuestras propuestas y desafortunadamente no las ha recogido en este Decreto.

Ecologistas en Acción ya advirtió que la aprobación de este Decreto podría provocar graves consecuencias para Andalucía:

1.-Efecto llamada. Por más que se insista en lo contrario, este Decreto es una amnistía y diríamos más: es una “amnistía con premio para el infractor”. Es amnistía porque se reconoce que la construcción de estas viviendas en suelos prohibidos es un delito, y este decreto elimina el carácter de “delito” y además lo hace con carácter universal en todo el ámbito andaluz. Y lo hace con “premio”, porque el Decreto va a dar a estas viviendas ilegales una seguridad jurídica (Ej. pueden inscribirse en el Registro de la Propiedad) que antes no tenían, por más que la Junta pretenda decir que “no es una legalización, sino un reconocimiento”, que no se sostiene de ninguna manera. Además, no es una “ley de punto final”, pues se crea un precedente jurídico imposible de soslayar: cualquiera que haga una vivienda a partir de ahora, tendrá la garantía de que podrá ser legalizada. La Junta de Andalucía renuncia a los principios de protección del suelo no urbanizable y se alinea directamente con los principios liberales de la derecha del “todo es urbanizable”.

2.-Costes ambientales. Desde la propia Junta de Andalucía se reconoce este urbanismo ilegal -que ha invadido millones de m² de suelos no urbanizables, en muchos casos protegidos-, es insostenible desde el punto de vista ambiental, ya que es altamente consumidor en recursos naturales (agua, energía, suelo), y fuertemente contaminador, visual (daños al paisaje), edáfico (basuras), acuático (aguas residuales), etc. Cuando es una vivienda, el daño es mínimo, pero con las 300.000 viviendas ilegales en Andalucía, de las que el 90% se pretenden regularizar,  es un desastre ambiental.

3.-Costes económicos. La Junta afirma que con este Decreto se pretende que aquellas construcciones que se hicieron sin contribuir a la riqueza y el bien público, como hacen las urbanizaciones que se construyen legalmente, paguen y contribuyan con las cesiones, dotaciones e impuestos que marca la ley para cualquier construcción. También se afirma que con esta regularización estas viviendas podrán acceder a agua y electricidad. Todo esto significa, en el mejor de los casos, que se ignora la realidad, cuando no se oculta demagógicamente. Estas urbanizaciones y viviendas ilegales han contado con el apoyo de los Ayuntamiento: les hacen caminos, se los asfalta, les pone los tendidos eléctricos, les busca agua... Y todo con dinero público, a veces a través de las Diputaciones, bajo programas eufemísticos de “mejora del medio rural”. Por otra parte, no es cierto que con la regularización se vayan a pagar los impuestos, cesiones y dotaciones previstas para cualquier urbanización, en todo caso esto solo será posible para los pocos casos en que se recalifiquen los suelos a urbanizables en el PGOU. El Decreto lo único que exige son unos impuestos que además fijará cada Ayuntamiento, y es previsible que un Ayuntamiento que consintió estas viviendas y que quiere revalidar el voto de los ciudadanos, procurará ser “tolerante” y buscar tasas asumibles por todos, que de ningún modo compensarán los enormes costes que va a suponer en el futuro las exigencias de servicios (caminos, iluminación de viales, transporte, correos, basuras, etc.) de estos nuevos ciudadanos con sus plenos derechos.

            Este Decreto supone la renuncia definitiva de la Junta de Andalucía a la ordenación del territorio y a la disciplina urbanística ¿Para qué quiere competencias que luego renuncia a aplicar? La regularización de estas urbanizaciones ilegales supone saltarse a la torera los límites del crecimiento urbanístico de los municipios andaluces, fijado por el Parlamento en el 40%, y el mantenimiento de la ciudad compacta mediterránea También supone un evidente desprecio a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que determina que las viviendas en suelo no urbanizable solo podrán justificarse como parte de una explotación agropecuaria, prohibiéndose claramente las segundas residencias.   

La Junta y los Ayuntamientos pretenden regularizar las viviendas cuya infracción -4 años- ha prescrito, pero no se comprometen a demoler las que no han prescrito: las construidas en suelo de especial protección, en sistemas generales, en suelos de riesgo... También obvia la Junta que las urbanizaciones ilegales no prescriben, por lo que habría que proceder a desmontar todas las infraestructuras (viales, redes de agua y electricidad…) construidos de forma ilegal, y sin las que no habrían proliferado esas cientos de miles de viviendas ilegales.

Con este Decreto la Junta deja en aguas de borraja al tan cacareado Reglamento de Disciplina Urbanística, que prevé el "derribo exprés" por parte de los Ayuntamientos. Nadie se cree que algún Ayuntamiento vaya a tener la osadía de acometer la demolición de viviendas ilegales con el coste electoral que  supone. En el supuesto de que este Decreto sobreviva tras las elecciones inminentes, seremos testigos de innumerables irregularidades en el proceso de regularización, y al fomento del fenómeno insostenible de la construcción en suelo rústico.

No es casualidad que los máximos responsables de la Junta anunciaran esta amnistía antes de las pasadas elecciones municipales, y que ahora, en nuevas vísperas electorales, lo aprueben. Se demuestra que con tal de arañar unos miles de votos son capaces de desmontar nuestro estado de derecho, apoyar la destrucción de nuestro territorio, avalar a infractores y delincuentes urbanísticos y promover un clientelismo mafioso. La Junta ha lanzado un buen lema de campaña “Urbanizar ilegalmente en Andalucía es un buen negocio, vótame”.